Esta discutible acción oficial de desamparar a los afiliados para encubrir a los intendentes, principales evasores de sus obligaciones previsionales y sociales, es el camino más corto usado por Claudio Vidal, sin reparar en el daño inconmensurable que provoca en los empleados públicos y en los jubilados, cuyos representantes ante el organismo, no lucen precisamente como muy proactivos a la hora de reclamar y denunciar penalmente al presidente de la Obra Social de la provincia por delitos que están claramente tipificados en el Código Penal, entre ellas el abandono de personas, dado que con esta  medida, son miles los enfermos que deben abandonar su medicación.
La provincia bien podría exigirle a los municipio que devuelvan la deuda descontando el 20% de la coparticipación, por ejemplo, a través de la Ley 2401 (Intransferibilidad de la Caja de Previsión Social), sancionada por Néstor Kirchner para salvar algunos municipios y si ellos ocurriera, los montos emergentes podrían saldar rápidamente las deudas existentes. 
Por ejemplo y teniendo como datos nuestros informes sobre los fondos recibidos por los municipios desde enero/24 a la fecha, la municipalidad de Río Gallegos recibió más de 5 mil millones de pesos en coparticipación; el 20% son mil millones que podrían ir al pago de esa deuda. Río Turbio recibió más de 2.500 millones de pesos; el 20% sumaría unos 500 millones. 28 de Noviembre recibió 1.900 millones, de cuyo monto 380 millones podrían amortizar parte de la deuda y así sucesivamente, si el gobierno provincial quisiera, podría descontarles a los municipios y a las sociedades de fomentos, lo que no pagan por los servicios a la CSS y a la CPS; pero el camino más corto, obviamente, en recortar los medicamentos a los afiliados de la Obra Social, teniendo en cuenta que esos afiliados son, precisamente, la explicación de por qué existe la Caja.
Pero esto no solo ocurre con la CSS y CPS, también la provincia (los habitantes de Santa Cruz) financia y sostiene otros organismos deficitarios como el ISPRO, cuyos presupuestos son canibalizados mensualmente en gastos que nadie rinde ni controla y por donde se esfuma el dinero público.
Algunos municipios como El Calafate, han realizado muchas obras que pertenecen a la provincia y en el balance de deudas, los gobiernos provinciales también les deben a muchas municipalidades cuyos intendentes, tal es el caso de Javier Belloni, habla de un acuerdo de compensación porque tampoco el gobierno provincial paga sus deudas de obras y servicios con las municipalidades. Sin embargo en muchos casos, la provincia asiste a muchos intendentes con fondos para el pago de sueldos y aguinaldos, con lo cual esta maraña de deudas en un sentido u otro, es difícil, pero no imposible de solucionar por parte de las autoridades provinciales si hay decisión y gestión.
¿No pueden o no quieren?
Si la provincia hiciera este descuento de la coparticipación para equilibrar las cuentas públicas, muchos intendentes dejarían de contratar militancia rentada, no incrementarían el plantel municipal de manera exponencial y sin explicación más que el acomodo y la dilapidación de los fondos públicos, como sucede en las municipalidades de Río Gallegos y Caleta Olivia ( con 3 o 4 mil empleados), solo por poner los dos ejemplos más significativos.
La otra cuestión que el gobernador no aclara y lo hace incurrir en un delito junto con los intendentes, es que no denuncia a los jefes comunales ante la justicia por  la retención indebida de fondos, dado que mensualmente los intendentes les descuentan al personal una importante suma con destino a la CSS y no lo depositan en la cuenta de la Obra Social y esto no es una especulación, está claramente detallado en sus recibos de haberes. ¿Qué hacen los intendentes con esos fondos? ¿Dónde va ese dinero? ¿Por qué el SOEM y el SOEMCO no reclaman y/o judicializan esa retención indebida de fondos?. Tanto el Gobernador que no denuncia a los intendentes como los sindicatos que tampoco lo hacen, son cómplices.
Ningún inocente
A pesar de todo lo que se pueda decir, especular y descubrir sobre estas irregularidades, el principal responsable de la Caja de Previsión Social y lo que allí ha ocurrido, es el gobernador Claudio Vidal, que no tiene una asesoría competente en esta materia, como tampoco en la previsional, de salud o Educación. El gobernador no puede desconocer a seis meses de gestión, que quitar 6.500 medicamentos de la vademecum tiene un impacto social devastador sobre el universo de afiliados de toda la provincia. Y todo parece que nunca lo pensó; doble pecado.
Vidal es cómplice y responsable único y absoluto de todo lo que ocurrió en la CSS y la marcha atrás que dio luego de las manifestaciones de repudio, son fichas negativas que le caen a su gestión, la cual carece de pulso político, eficiencia y algunos sospechan que tampoco tiene transparencia y honestidad total, como prometió en campaña.
Retrotraer el Vademecum al 30 de junio es una derrota administrativa y política absoluta para el actual gobernador en sus primeros seis meses de gobierno y además, es el reconocimiento explícito de una equivocación inexplicable como es la de afectar a miles y miles de jubilados de menores recursos y a los propios empleados de la administración central, quitándoles, no solo la posibilidad de comprar un medicamento, sino y lo más grave, no poder atender su salud.
En una provincia con escasos 370 mil habitantes, el costo político que enfrenta el gobernador, por una medida como ésta, no ha sido evaluada, claramente, por su equipo de gestión si es que lo tiene. 
Sin duda este traspié político lo hará caer rápidamente en el ranking de popularidad que había ganado y si a esto le sumamos la falta de respuesta salarial a los empleados públicos y docentes, que aún le están dando algún margen para trabajar en la equiparación de los sueldos con la devaluación mensual, Vidal tiene por delante una ardua tarea que va de la mano, como dijimos en otros informes, con el humor de la gente, quienes ya no tiene tiempo ni ganas de esperar 10 años para ver resultados y si no visualizan un rumbo distinto y un cambio cierto en la política, en las elecciones de medio tiempo y en las generales, se lo harán saber. 

Fuente: Agencia OPI Santa Cruz.